Aunque siempre que hablamos de cambio climático lo primero que nos viene a la mente es emisiones, polución, efecto invernadero, olas de calor, huracanes, catástrofes climatológicas o deshielo de los polos, no podemos olvidar el factor humano inherente a ese cambio. Y es que, si bien es cierto que el ser humano es responsable del cambio climático, también lo es que es su víctima. De hecho, está claro que el planeta sobrevivirá a nuestras acciones y no así nuestra propia especie.

Entre las consecuencias que trae consigo el cambio climático se sitúan los movimientos migratorios de “climigrantes” o refugiados climáticos. Se trata de personas a las que les afecta el aumento del nivel del mar, la desertificación o la sequía, y que se ven en la obligación de abandonar su hogar.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hacia 2050, entre 50 y 200 millones de personas tendrán que huir de su hogar a causa del cambio climático. Algunas lo harán dentro de su propio país, como es el caso de los habitantes de una isla al sur de Luisiana (Estados Unidos) que se están reubicando en los territorios altos del estado. Pero muchas otras no tendrán más remedio que cruzar las fronteras.

Actualmente existe un vacío legal que ampare a esas personas. La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ampara a quienes huyen de la persecución, guerra o violencia, pero deja fuera a inmigrantes o desplazados por motivos medioambientales. Y es que, aunque en ocasiones las razones son obvias y objetivas (desastres naturales concretos), la mayor parte de las veces los movimientos migratorios se deben a cambios más lentos como el aumento del nivel del mar o la desertificación que a menudo están íntimamente relacionados con pobreza, crisis económicas locales o contextos políticos nacionales. Y esto dificulta su clasificación.

En enero de 2020, sin embargo, Nueva Zelanda fue el primer país en considerar el estatus de refugiado de cambio climático en su normativa, cuando determinó que era ilegal obligar a los «refugiados climáticos» a regresar a sus países de origen.

Fue a raíz de que Ioane Teitiota, ciudadano de Kiribati y emigrado a Nueva Zelanda, solicitara ser «refugiado climático» alegando que el aumento del nivel del mar en su pueblo natal había provocado «la escasez de espacio habitable, lo que a su vez había provocado violentas disputas por la tierra». A consecuencia de ello, apelaba a que su vida estaba en peligro. El fallo emitido tras el juicio dictó que los estados violarán las obligaciones de derechos humanos si devuelven a alguien al peligro causado por la crisis climática.

La decisión no era vinculante, pero marcaba un camino que podría utilizarse como un modelo a seguir, tanto en los tribunales nacionales como en el debate público.

Y efectivamente, tuvo su eco. Así, en diciembre de 2020 el Tribunal de Apelación de Burdeos anuló la obligación de abandonar el territorio francés de una persona natural de Bangladesh que sufría graves problemas de salud e insuficiencia respiratoria, derivados de la mala calidad de aire de su lugar de origen. El tribunal, además de contemplar las cuestiones médicas, tuvo en consideración las condiciones climáticas de Bangladesh para dictaminar que la persona solicitante de asilo corría el riesgo de agravar su salud y de exponerse a una muerte prematura si volvía. 

Aquella era la primera vez que un fallo judicial invocaba la realidad climática en un caso de este tipo.  

Y todo hace suponer que no será la última. Las migraciones climáticas son una realidad que va en aumento y que necesitan un amparo legal. Como se ve, algunos países ya están dando los primeros pasos.